El presente documento es el resultado de un conjunto de 10 reuniones

El espíritu que reunió al grupo de personas que elaboró este documento fue contribuir a que Chile cuente con una visión compartida sobre lo que se requiere para compatibilizar su gran potencial minero con el desarrollo sostenible del país.

Creemos que ello debe ser fruto de un consenso nacional. Por eso el grupo ha querido ser una pequeña expresión de la diversidad nacional. Somos testigos de que el diálogo entre personas que piensan distinto es posible y muy enriquecedor. Además, confiamos en que un acuerdo que integre diversas visiones e intereses, aumenta su posibilidad de producir los cambios que el país requiere.

Solicitaremos reuniones con diversos actores para presentarles estas ideas; con más miembros del gobierno, autoridades del Parlamento, actores del sector minero: empresarios, proveedores, trabajadores, dirigentes de las comunidades que alojan a la minería y centros de estudios.

Promoveremos que la minería se proyecte al futuro con un estilo de desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo.

Virtuoso, al fundarse en una visión estratégica que estimula la inversión en conocimiento para maximizar la generación de valor al recurso que extrae e insertarse en cadenas globales de valor.

Sugerimos que el foco de la estrategia sea el desarrollo de proveedores de la minería intensivos en conocimiento. Para ello se requiere de una institucionalidad pública con la participación de los diversos actores que deben concurrir a implementarla.

Destacamos también la importancia de una política energética que dé seguridad a los inversionistas y a los ciudadanos; que de cuenta de la interdependencia entre la minería (ubicación, tamaño y temporalidad de los proyectos) y la generación y transmisión eléctrica y de estas con su entorno ambiental, social y cultural.

Visualizamos un importante rol para CODELCO, como empresa modelo de desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo.

Sostenible, yaquepreviene, compensa y/o mitiga los impactos ambientales, sociales y culturales a lo largo de todo el ciclo de los proyectos; considerando el interés y los derechos de las futuras generaciones.

Para lograr este objetivo es proponemos múltiples cambios institucionales, entre los que destacan: Utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de ordenamiento territorial. Fortalecer y anticipar los procesos de participación de las comunidades afectadas, proveyendo información fidedigna, suficiente y comprensible. Contar con una adecuada reglamentación de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Crear un Fondo que permita habilitar a las organizaciones sociales y comunidades indígenas para que participen en igualdad de condiciones en estos procesos.

Inclusivo, al garantizar que las comunidades afectadas y todos los ciudadanos participen de los beneficios que genera la minería.

Las empresas mineras deben orientarse por los principios de dialogo libre e informado con las comunidades susceptibles de ser afectadas y orientarse a la creación de valor compartido. También, proponemos que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos mineros queden en las regiones mineras.

Todos los ciudadanos deben beneficiarse de la acción del Estado, cuando este administra eficiente y justamente parte de la renta de este recurso natural chileno.

Por ello el país debe conocer si el régimen tributario es suficientemente equitativo en la distribución de la renta minera. Se sugiera que Chile suscriba el Acuerdo EITI (por sus siglas en ingles, Extractive Industry Transparency Initiative) que requiere a los gobiernos transparentar las licencias y contratos mineros, la recaudación de impuestos que estos generan y la forma en que estos se distribuyen territorialmente.

-Jorge Bande
-Rolando Carmona
-Raimundo Espinoza
-Juan Andrés Fontaine
-Álvaro García
-Rolando Humire
-Bernardo Larraín
-Ricardo Lagos
-Gianni López
-Jean Paul Luksic
-Patricio Meller

Adicionalmente Sara Larraín y Nancy Yañez fueron parte de este trabajo. En palabras de ellas “asumimos nuestra participación en la iniciativa y valoramos el diálogo generado”. Sin embargo, plantean “que la suscripción de un documento de consenso a la postre no aporta al debate político y mucho menos a la superación de fondo de los conflictos, ya que termina invisibilizando aquellas posturas que resultan más problemáticas”. Por ello, prefieren no suscribirlo; aunque, sin duda, nos beneficiamos de sus aportes.

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Foto: Jorge Felipe González / Licencia CC

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