Cuatro expresidentes latinoamericanos unieron sus voces para condenar el “deterioro” del respeto a los derechos humanos en Venezuela y reclamar “un debate constructivo” en ese país “conforme a los cánones de la democracia reconocidos universalmente”.

En la declaración, los cuatro exmandatarios, que se declaran “amigos de la democracia venezolana”, manifiestan su “preocupación y alarma” por la situación en Venezuela, donde el 12 de febrero se iniciaron las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según la carta de los expresidentes, “a partir de esos hechos (del 12 de febrero) ha venido produciéndose una alarmante escalada de violencia y un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”.

En la declaración se pide a todas las partes que establezcan un debate constructivo para sacar a Venezuela de la “extrema polarización e intolerancia” y “muy especialmente” reclama al Gobierno que cree “sin demora las condiciones propicias para ese debate, con una agenda compartida y sin exclusiones”.

“Para ello es indispensable que se ponga cese de inmediato a la persecución contra los estudiantes y los líderes de oposición, incluida la liberación del señor Leopoldo López y de todos los detenidos o perseguidos por razones políticas”, señalan.

También consideran “imperativo” que se lleve a cabo “una investigación independiente y transparente sobre las denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos y que se ponga cese al hostigamiento a la prensa independiente, incluido el restablecimiento de la señal del canal internacional de TV (CNN en español) abolido por el Gobierno”.

“Es también indispensable -dice la declaración- que las manifestaciones de protesta de los partidos de la oposición y de otras organizaciones sociales se mantengan dentro de los cauces pacíficos que han de regir en una sociedad democrática y del respeto debido al mandato de las distintas autoridades del país, en los términos pautados por la Constitución venezolana”.

En opinión de los expresidentes “manifestaciones estudiantiles de protesta pacífica contra las políticas del gobierno, que son normales en cualquier sociedad democrática, han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno”.

La declaración conjunta menciona la perdida de vidas por heridas de bala en las manifestaciones, las denuncias de torturas que han hecho los estudiantes detenidos y las dificultades que sufren los medios para informar de los acontecimientos, la agresiones a periodistas y la falta de papel para la prensa escrita.

“Adicionalmente, la protesta cívica y la oposición democrática han sido criminalizadas”, subrayan.

“Como amigos que somos de la democracia venezolana, confiamos que ese país logre superar la extrema polarización y la intolerancia que han dominado la escena política en los últimos años, males que han venido erosionando la eficacia de las diversas instancias internas para el debate democrático así como la confianza en la independencia e imparcialidad de numerosas y relevantes instituciones”.

Para finalizar hacen “un llamado a la comunidad internacional a sumarse a un esfuerzo concertado para el fortalecimiento de la democracia y la preservación de la paz en Venezuela”.

Según datos oficiales, al menos 19 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en los hechos de violencia que han rodeado las protestas, en su mayoría no aclarados. EFE

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